Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para establecer un límite máximo a las pensiones de los exfuncionarios públicos, fijando el tope en el 50 por ciento de la remuneración mensual que percibe la presidenta de la República. La decisión se tomó durante la sesión celebrada este 25 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde la minuta fue remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su ratificación.
De acuerdo con lo establecido en la reforma, el nuevo esquema aplica para los haberes de retiro de organismos como PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, el texto aprobado exonera de este techo salarial a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como a los haberes de retiro ya constituidos bajo regímenes anteriores. Asimismo, quedan fuera del límite las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las aportaciones sindicales y las prestaciones no contributivas.
La aprobación legislativa se desarrolló en un contexto de tensión, marcado por las protestas de grupos de jubilados concentrados en el exterior del recinto parlamentario en rechazo a la medida. En el interior del pleno, la votación arrojó resultados divergentes según la fuente consultada: mientras el Semanario ZETA reportó 458 votos a favor, el medio Quadratín México detalló un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones, lo que contradice versiones que sugerían una aprobación por unanimidad.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su postura sobre la iniciativa, aunque los detalles específicos de sus declaraciones no fueron fully documentados en los reportes iniciales. La reforma también incluye modificaciones al lenguaje jurídico para incorporar una perspectiva de género inclusiva en la redacción de la Constitución.
Con esta aprobación en la cámara baja, el proceso legislativo avanza hacia la fase de validación local. Para que la enmienda constitucional entre en vigor, deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales. La medida busca equilibrar las finanzas públicas limitando los montos millonarios que percibían algunos exdirectivos de empresas estatales, aunque mantiene intactos los derechos adquiridos bajo esquemas de ahorro voluntario y el sector castrense.
About The Author
