Nueva York, 27 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica que reconoce la esclavitud y la trata transatlántica como crímenes contra la humanidad y abre la puerta a procesos de reparación, tras una votación donde 123 países se pronunciaron a favor, tres en contra y 52 se abstuvieron.
La iniciativa, impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom), fue sometida a consideración en la sede neoyorquina del organismo internacional. Aunque el texto no tiene carácter vinculante, representa un hito político para las naciones afectadas por un comercio que desplazó forzadamente a al menos 12.5 millones de personas durante tres siglos.
Estados Unidos, junto con Israel y Argentina, formó parte del bloque minoritario que votó en contra de la medida. Dan Negrea, representante estadounidense, argumentó que su país no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. El diplomático calificó el texto de problemático en innumerables aspectos, señalando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó la gravedad del periodo histórico abordado. En declaraciones oficiales, sostuvo que la esclavitud fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades, por lo que llamó a trabajar por la verdad, la justicia y la reparación.
John Dramani Mahama, expresidente de Ghana y figura clave en la promoción de la resolución, celebró la adopción del documento. Mahama indicó que esta decisión sirve como una garantía contra el olvido y permitirá cuestionar la cicatriz duradera dejada por la esclavitud en las sociedades contemporáneas.
La aprobación de esta resolución marca un punto de inflexión en el debate global sobre las consecuencias persistentes del comercio de esclavos, estableciendo un marco moral y político para futuras discusiones sobre justicia histórica, pese a la oposición de potencias occidentales que cuestionan los mecanismos legales propuestos.
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