Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), en el puente internacional Santa Fe, donde denunciaron que a tres años del incendio ocurrido en este sitio, que dejó 40 migrantes muertos y 42 sobrevivientes, todavía no llegan la verdad ni la reparación integral del daño.
Las organizaciones señalaron la falta de justicia efectiva para las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes. A la fecha, sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad, mientras que procesos penales contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas carecen de sentencias firmes.
El ex comisionado del INM, Francisco Garduño, continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público. Las organizaciones civiles denunciaron que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen, a través de una justicia desigual, y además son condecorados con otro cargo público.
Lorena Cano, del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), expuso que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas, bajo el argumento de que no sufrieron lesiones. El Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, lo que impide su acceso a una reparación integral del daño.
Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, participó en un conversatorio realizado en la Ciudad de México donde se señalaron las deficiencias en la reparación del daño y el estatus de los procesos judiciales. En ese espacio, Fundación para la Justicia, el Imumi y Derechos Humanos Integrales en Acción coincidieron en que el caso permanece abierto y sin resoluciones definitivas.
El evento conmemorativo incluyó una vigilia y un viacrucis en el puente internacional Santa Fe, convocado por varias organizaciones, entre ellas Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados, Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez y Fundación para la Justicia. Las organizaciones insistieron en que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia.
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