Acusan que el Congreso no escuchó a la comunidad
Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- Activistas, colectivos, padres y madres de familia de menores autistas denunciaron que la Ley para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, aprobada recientemente por la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, es un avance disfrazado que no garantiza ninguno de los derechos ni contempla las necesidades más urgentes de la comunidad.
Con alrededor de mil 500 niños, niñas y adolescentes autistas en la entidad, las modificaciones en materia educativa eran consideradas una de las áreas de mayor oportunidad donde se esperaban cambios sustanciales. Sin embargo, Marcela Arrevillaga Robledo, miembro del Colectivo de Padres y Activistas, explicó que esta iniciativa surge a raíz de una impugnación interpuesta en 2024 contra la ley promulgada por la legislatura anterior, debido a la falta de consulta en ese proceso.
El recurso de revisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió que el Congreso del Estado tenía un año para llevar a cabo dicha consulta y proceder con las modificaciones necesarias. Aunque el ejercicio de participación ciudadana se llevó a cabo, la sociedad recalca que fue una simulación, ya que consideran que no fueron escuchados por los diputados.
Marcela Arrevillaga manifestó que la consulta fue muy limitada en tiempo y se sintió muy a prisas. “En mi opinión particular, como miembro del colectivo y con pláticas con mis demás compañeros, créeme que nos dejó mucho desear porque fue muy limitado el tiempo. Se sintió como que fue muy a prisas: no hubo la difusión suficiente; no hubieron los ajustes razonables correspondientes; no se llegó a la mayor cantidad de personas autistas, que ellos son los que realmente importan”, señaló.
La activista precisó que tampoco se implementaron herramientas adecuadas para esta consulta, como el uso de códigos QR o mecanismos para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida. Asimismo, remarcó que el tiempo de las mesas de trabajo fue insuficiente, con apenas dos horas para abordar aspectos importantes como educación, salud, trabajo y previsión social.
El trabajo se tomó alrededor de tres meses después de que la SCJN notificó al Congreso, bajo el argumento de que necesitaban un documento, pero sin dar más detalles de la demora. Arrevillaga aseveró que sí integraron propuestas dentro del documento, pero no eran claras, y calificó como una tristeza el número de participantes en las mesas porque solamente dieron una fecha.
“La consulta, la verdad, quedó demasiado simulada, por así decir, o simbólica; eso fue el descontento en las consultas”, concluyó Arrevillaga respecto al proceso que derivó en la nueva legislación.
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