Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron por la responsabilidad en el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que el pasado 9 de marzo causó la muerte de tres personas. La disputa se centra en quién debía supervisar la demolición del inmueble, autorizada mediante un polémico Acuerdo de Facilidades pese a que días antes se habían detectado diez riesgos graves.
Rojo de la Vega señaló que la responsabilidad de la supervisión recaía de manera exclusiva en el gobierno capitalino. La alcaldesa argumentó que el Acuerdo de Facilidades, firmado tras negar inicialmente el permiso de demolición, obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a coordinar el proceso y garantizar la seguridad. Calificó la autorización final como una decisión deliberada, no un error.
En contraste, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo que la vigilancia primaria era una responsabilidad ineludible de la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin el mencionado acuerdo. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa y deja en el aire la determinación final de las culpas administrativas.
El incidente ocurrió en el inmueble ubicado en San Antonio Abad número 124. Según el contexto, el permiso de demolición fue rechazado inicialmente el 17 de octubre debido a los graves riesgos identificados, pero fue autorizado apenas tres días después mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades, lo que desencadenó la posterior tragedia.
La investigación sobre las causas técnicas exactas del derrumbe y la posible responsabilidad penal de la empresa dueña del edificio sigue su curso. El caso expone las grietas en los protocolos de supervisión de obras de alto riesgo en la capital y la tendencia de las autoridades a derivar responsabilidades ante tragedias evitables.
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