Ciudad De México, 22 de abril de 2026.- Amnistía Internacional advirtió sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México durante 2025 y denunció que la cifra de desaparecidos en el país subió 10.5% en ese periodo respecto al año anterior.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera “sistemática o generalizada” en México. Amnistía Internacional criticó la respuesta de México a la decisión del Comité de Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en el país. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que México estuviera atravesando una crisis de desapariciones forzadas.
El Senado pidió que el presidente del Comité de la ONU sea sancionado por especular con que en México están ocurriendo desapariciones forzadas de manera sistemática. Amnistía Internacional señaló que los mecanismos de protección y las garantías de derechos humanos se deterioraron en México.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo. El país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024.
Artículo 19 documentó el asesinato de siete periodistas durante el año “en represalia por su labor informativa” y 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio de 2025. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente en 2024.
La Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129% en desplazamiento forzado interno en 2024. La pobreza multidimensional disminuyó al 29.6% de la población en México y se despenalizó el aborto en cuatro estados del país durante 2025.
La Secretaría de Gobernación acordó cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La titular Rosa Icela Rodríguez dijo: “Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.
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