Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial la madrugada de este miércoles. El dictamen tuvo 359 votos a favor y 135 en contra en la sede de la Unidad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, a pesar de las intensas protestas que bloquearon el Congreso.
Esta reforma busca constituir un nuevo Poder Judicial, con jueces, magistrados, y ministros electos en urnas, un cambio que se consolidaría si el Senado la aprueba, donde la 4T necesita solo un voto más para alcanzar la mayoría calificada.
Desde las primeras horas del martes, trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al recinto de San Lázaro, impidiendo el ingreso de los diputados y sus asesores. En respuesta, la fracción morenista trasladó la sesión a la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde improvisaron un espacio para continuar con el debate. Afuera, un cerco policiaco impidió el ingreso de personas ajenas al Congreso, mientras estudiantes bloquearon avenidas en protesta por la reforma.
La sesión comenzó pasadas las 4 de la tarde, con la participación de las fracciones opositoras del PAN, PRI y MC, quienes expresaron su inconformidad pero decidieron mantenerse en el debate. Mientras Morena y sus aliados defendían su derecho como mayoría para modificar la Constitución, la oposición, especialmente el PAN, se declaró en resistencia, señalando que la sesión se realizaba bajo un procedimiento ilegal debido a suspensiones provisionales otorgadas por jueces.
El impacto de la reforma no solo generó tensiones en el Congreso, sino que también provocó una crisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se fracturó públicamente. Ocho ministros apoyaron el paro de trabajadores del Poder Judicial, mientras que tres ministras advirtieron sobre la inconstitucionalidad de dicha acción, señalando que podría dar lugar a juicios políticos.
La aprobación de la reforma judicial de la 4T promete profundizar la división en la Suprema Corte, y su impacto se discutirá nuevamente el 9 de septiembre, cuando el Pleno de la Corte se reúna para valorar si mantiene el paro que fue respaldado por el 89% de los empleados del Poder Judicial. Esta reforma representa un punto de inflexión en la historia política y judicial del país, con repercusiones que podrían definir el futuro del sistema de justicia en México.
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