Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación con carácter retroactivo. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue validada durante la sesión del 25 de marzo en medio de protestas de grupos de jubilados en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
De acuerdo con lo dictaminado, el monto máximo de las pensiones no podrá exceder la mitad de la remuneración correspondiente a la persona titular del Ejecutivo federal. Aunque existen variaciones en las fuentes consultadas respecto a la cifra exacta, se estima que este límite se situará alrededor de los 70,000 pesos mensuales, tomando como referencia el salario de la mandataria. La reforma excluye expresamente de este techo a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
El proceso legislativo estuvo marcado por la tensión entre las bancadas. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su fracción votaría a favor de la medida pese a sus reservas. “Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas”, declaró el legislador, quien además advirtió sobre los riesgos jurídicos que implica la retroactividad y las omisiones detectadas en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala cuestionó la validez constitucional de la reforma, sosteniendo que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna. La legisladora señaló que los senadores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa, lo que podría derivar en controversias legales futuras. A pesar de estas advertencias, la oposición no logró detener el avance de la iniciativa en el recinto parlamentario.
Reportes periodísticos presentan cifras contradictorias sobre el resultado final de la votación. Mientras que algunas fuentes indican una aprobación casi unánime con 458 votos a favor, otros registros detallan un marcador de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. Independientemente del desglose numérico exacto, la aprobación en lo general abre la vía para que la reforma continúe su trámite y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que formalizaría el recorte a los beneficios de exfuncionarios de entidades como Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro.
La jornada legislativa concluyó con la presencia de manifestantes, principalmente jubilados de empresas públicas, que intentaron ingresar por la fuerza al recinto parlamentario para rechazar la medida que afectará sus ingresos de manera inmediata debido a la cláusula de retroactividad incluida en el decreto. El texto aprobado también incorpora lenguaje inclusivo en su redacción, alineándose con las modificaciones recientes al marco jurídico nacional.
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