Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados integran los elementos para presentar el proyecto de dictamen del Plan B electoral. Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la comisión, informó que desde el lunes 30 de marzo las áreas técnicas trabajan en la minuta del Senado y estimó que el proyecto se enviará a los legisladores el martes 31 de marzo por la tarde.
“La propuesta de calendario que estamos elaborando al interior de las comisiones unidas es que este martes, seguramente por la tarde, estaremos en posibilidades de enviar el proyecto de dictamen a todas y todos los diputados integrantes de ambas comisiones y con ello cumplir los plazos que marca el proceso legislativo”, declaró Lobo Román. Se prevé que el próximo martes 7 de abril se realice la reunión de juntas directivas y la tercera reunión extraordinaria, para discutir y votar el dictamen en el Pleno el miércoles 8 de abril.
Aunque la minuta original del Senado incluía referencias al fortalecimiento de la revocación de mandato, se decidió no modificar el título del documento para evitar devolverlo a la Cámara de origen. Sin embargo, lo referente a la revocación de mandato en el Artículo 35 constitucional no fue aprobado por el Senado, por lo que dicha materia no se incluirá en el dictamen final.
El senador Luis Fernando Salazar defendió los alcances de la reforma, señalando que uno de los objetivos era modificar el artículo 35 para empatar la revocación con la elección federal de 2027, pero no se alcanzaron los votos necesarios. “Buscábamos adelantar y empatar la revocación de mandato… pensábamos que era una buena idea empatarlo con el proceso electoral”, explicó. No obstante, destacó avances en austeridad: “Nosotros pensamos que es un logro porque se alcanzan cosas importantes, sobre todo en materia de austeridad”, dijo, asegurando ahorros de alrededor de 4 mil millones de pesos.
En paralelo, el Senado puso en marcha un programa de austeridad ante la entrada en vigor progresiva, a partir de 2027, de una reducción del 15 por ciento en su presupuesto, el cual asciende a 5 mil 100 millones de pesos para 2026. La medida incluye cerrar la contratación de nuevas plazas y reducir gastos administrativos, aunque el número de empleados aumentó en 104 durante el último año, principalmente personal administrativo por honorarios. Cerca de 2 mil millones de pesos destinados a grupos parlamentarios y otros gastos de la Cámara no se verán afectados por el plan.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una restructuración profunda que contempla ajustes internos, reducción de cargos burocráticos y disminuciones salariales en mandos medios y superiores. Aureliano Hernández Palacios, titular de la ASF, presentó una estrategia de reingeniería para eficientar procesos sin ampliar la estructura administrativa. “No pedimos más recursos ni más burocracia, sino que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo para lograr mejores resultados”, subrayó el funcionario, quien añadió que buscan hacer a la institución “mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”.
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