Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- En un esfuerzo coordinado por fortalecer la salud pública y la protección ambiental, autoridades mexicanas avanzan simultáneamente en la regulación de sustancias químicas peligrosas, la aplicación masiva de vacunas contra el sarampión y el decomiso de pesca ilegal, con acciones reportadas en la capital del país, Coahuila y Baja California.
Marcos A. Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, recibió durante su visita 42 contribuciones destinadas a impulsar una iniciativa legislativa que busque regular el uso de plaguicidas y químicos en México. Esta acción se desarrolla en un contexto marcado por la impunidad relacionada con el ecocidio en el Río Sonora ocurrido en 2014, y ante un escenario global donde existen registrados más de 142 millones de sustancias químicas.
En el ámbito legislativo, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, promueve dicha iniciativa para establecer controles más estrictos sobre los compuestos tóxicos, alineándose con las recomendaciones internacionales para prevenir daños a la salud y al ecosistema.
Paralelamente, en el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha aplicado más de 147 mil dosis de la vacuna contra el sarampión. Verónica Hernández Sandoval, enfermera supervisora de la institución en la entidad, confirmó la ejecución de esta campaña de vacunación como parte de las estrategias de prevención epidemiológica en la región.
En materia de vigilancia ambiental y seguridad marítima, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), aseguró en Ensenada un total de 25.11 toneladas de pesca ilegal. El cargamento decomisado incluye 2,100 kilogramos de buche de curvina y 23,010 kilogramos de pescado entero congelado de la misma especie, operaciones que buscan frenar la explotación ilícita de recursos marinos.
Estas acciones reflejan la multidimensionalidad de las políticas públicas actuales, que buscan atender desde la contaminación química hasta la prevención de enfermedades y la conservación de la biodiversidad marina, aunque persisten retos en la identificación de responsables específicos en algunos de los delitos ambientales reportados.
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