Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Vivienda que transforman el modelo de operación de los institutos de vivienda en México. Con una votación de 356 votos a favor y 99 en contra en lo general, y 354 a favor contra 95 en lo particular, la legislación fue impulsada por la bancada de Morena y sus aliados, pese a la objeción formal del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.
La modificación legislativa autoriza que el Infonavit y el Fovissste constituyan filiales empresariales con el propósito de adquirir terrenos, así como construir, remodelar y administrar viviendas destinadas a la venta o renta. El cambio normativo sustituye el concepto constitucional de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, alineándose con estándares internacionales y permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos de los derechohabientes.
Durante el debate en el pleno, la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su rechazo al proyecto argumentando que la reforma traslada la carga de la construcción directamente a los fondos de los trabajadores. La legisladora opositora señaló que el nuevo esquema convierte a las instituciones de vivienda, originalmente facilitadoras de crédito, en intermediarias comerciales, lo que podría poner en riesgo el ahorro de los cotizantes ante posibles fallas en la operación inmobiliaria estatal.
Por su parte, la fracción de Morena defendió la iniciativa calificándola como un modelo de “vivienda del bienestar”, diseñado para abatir el déficit habitacional mediante la participación directa del Estado en la producción de inmuebles. La diputada Sandra Patricia Palacios, integrante del grupo parlamentario oficialista, respaldó la estrategia como un mecanismo necesario para regular los precios del mercado y garantizar el acceso a la vivienda en zonas de alta plusvalía donde el sector privado ha limitado su oferta.
En un movimiento paralelo relacionado con la expansión de la infraestructura habitacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos destinada a programas de vivienda social en la entidad. Con este respaldo federal y estatal, la meta de construcción en Sonora se incrementó de 33,800 a 65,000 unidades; actualmente se reportan 9,694 viviendas en proceso de edificación y otras 18,126 en etapa de planeación.
Mientras se definen los alcances nacionales de la política habitacional, en el ámbito local surgieron cuestionamientos sobre la gestión de servicios urbanos por parte de legisladores. La diputada Evelyn Sánchez enfrenta acusaciones de oportunismo por parte de vecinos y residentes de la zona de Santa Fe, quienes critican su intervención en la gestión de un hospital en dicha localidad. Los inconformes señalan que las acciones de la legisladora responden a intereses políticos más que a una solución estructural de los servicios de salud, aunque la diputada ha defendido su actuación citando exhortos y gestiones realizadas para beneficiar a la comunidad.
La aprobación de estas reformas marca un punto de inflexión en la política social del sexenio, al integrar la producción de vivienda como una actividad empresarial del Estado. Los efectos de la nueva ley comenzarán a observarse en los próximos meses, cuando las filiales de los institutos de vivienda inicien operaciones, mientras la oposición mantiene su postura de que el modelo representa un desvío de las funciones originales de seguridad social para los trabajadores formales.
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