Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que los manifestantes ocuparían el sitio “hasta tener resultados”. En declaraciones previas, Montaño advirtió: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”, y señaló que el proyecto genera un “etnocidio y un ecocidio”, hablando de “la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios”.
Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico, el cual presenta un avance del 88% y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. Advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. Según reportes, se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR. El proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
La planta está financiada con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Entre los riesgos señalados se encuentra que la instalación succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena afirmó que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. Tras esto, la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso.
De manera paralela, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
About The Author
