Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Las dirigencias nacionales y coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM sellaron este lunes un acuerdo unificado para respaldar la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. El pacto, alcanzado en una reunión en la Secretaría de Gobernación, marca un giro en la postura de los partidos aliados, que anteriormente habían votado en contra de una propuesta de reforma constitucional, y allana el camino para su presentación formal en el Congreso.
La iniciativa, que se enfoca en cambios legales secundarios y no constitucionales, se sustenta en el principio de ‘austeridad republicana’ de la Cuarta Transformación. Entre sus objetivos declarados se encuentran la reducción de costos operativos del sistema electoral, la disminución del número de regidores municipales en los 32 estados y modificaciones a los mecanismos de consulta popular y revocación de mandato.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alberto Anaya del PT, y Karen Castrejón junto con Manuel Velasco del PVEM, respaldaron públicamente la propuesta. Los líderes coincidieron en que este ‘Plan B’ mantiene los objetivos centrales de eficiencia y participación ciudadana, pero lo hace dentro del marco legal existente, evitando así el requisito de una mayoría calificada que frustró la iniciativa anterior.
El acuerdo representa una reconciliación dentro de la coalición oficialista. Hace unas semanas, el PT y el PVEM votaron en contra de una reforma electoral constitucional, lo que impidió su aprobación al no alcanzarse la mayoría requerida. Este nuevo consenso evita ese escollo al tratarse de una reforma legal que requiere solo mayoría simple.
El ‘Plan B’ se presentará formalmente el lunes 16 de marzo para iniciar su discusión en las cámaras. Si bien los partidos aliados prometen su apoyo unánime, se anticipa un fuerte debate con la oposición, que históricamente ha criticado las iniciativas de reforma electoral del gobierno por considerarlas un riesgo para la autonomía de los órganos electorales.
El contexto político marca este acuerdo como una muestra de la capacidad de la presidenta Sheinbaum para articular y cohesionar a su coalición de gobierno, asegurando la viabilidad de una de sus primeras grandes iniciativas legislativas tras la fallida reforma constitucional.
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