Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados programó sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicha comisión, confirmó que el órgano legislativo tiene la obligación de deliberar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, buscando con ello no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’.
La acusación formal fue presentada por autoridades de Campeche, quienes imputan al senador priista responsabilidades penales derivadas de su gestión pública. Este proceso jurídico se suma a un escenario de controversia administrativa que data de años anteriores, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades significativas durante el sexenio de Moreno al frente del ejecutivo campechano, entre 2015 y 2019.
De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022, tres años después de que Moreno dejó la gubernatura, aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por la ASF en 2018. Dichas cifras contrastan con los 3 mil 435 millones de pesos que fueron inicialmente detectados como posibles desvíos en ese mismo ejercicio fiscal.
Analistas y medios han señalado que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF resultó benévola para el dirigente del PRI en los últimos años, facilitando que se perdonaran o solventaran cuentas pendientes que ascendían a más de 2 mil 700 millones de pesos. Esta situación genera un contraste entre el proceso penal actual por 83 millones y la resolución administrativa de montos mucho mayores durante su tránsito por la auditoría federal.
El contexto político rodea a Alejandro Moreno Cárdenas, quien asumieron la dirigencia nacional del PRI tras dejar el cargo de gobernador en junio de 2019 para contender por la presidencia del comité ejecutivo nacional. Actualmente, enfrenta este doble frente de presión: el proceso legislativo de desafuero en la Cámara de Diputados y el escrutinio público sobre las cuentas de su administración estatal que fueron objeto de diversas solventaciones y perdones en el ámbito federal.
La decisión de la Comisión Instructora de retomar el análisis del caso tras las festividades religiosas marca el siguiente paso en el procedimiento que podría retirar la inmunidad legislativa al senador, permitiendo que la justicia penal avance contra las acusaciones de la Fiscalía de Campeche. La presión temporal recae ahora en los legisladores para emitir un dictamen antes del cierre del periodo ordinario, en medio de una agenda legislativa cargada por las reformas electorales en curso.
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