El Estado de Derecho es un puente que une a las personas sin importar sus orígenes y convicciones, pero cuando no hay observancia a la ley, se aplica de manera injusta o hay impunidad y eso genera desconfianza social y debilita al sistema jurídico, propiciando un terreno fértil para la corrupción, afirma la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, Consejera de la Judicatura Federal.
Al encabezar la inauguración de la séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que convocan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la Consejera recordó que el Estado Constitucional de Derecho implica la subordinación de todos los poderes públicos a la Constitución Política.
Las y los gobernantes, señaló, no pueden olvidar que sus acciones deben estar en consonancia con lo que mandata la Constitución y su legislación reglamentaria y “nadie puede pretender para sí o para alguien más, el odioso privilegio de estar por encima de la ley”, y, como juzgadores “nos corresponde la trascendental función de impartir justicia y aplicar las normas jurídicas con interpretaciones que respeten los principios establecidos en la Constitución Política”, puntualizó.
Al hablar sobre los principios para tener una sociedad justa y segura, la Consejera López Benítez destacó la relevancia que tiene el juicio de amparo, al cual calificó como la garantía judicial por antonomasia de los derechos humanos.
Advirtió que las restricciones que se pretenden imponer (desde el Congreso de la Unión por orden presidencial) al Juicio de Amparo en materia de suspensión, claramente atentan contra el principio de progresividad en materia de derechos humanos; “cualquier medida que pretenda neutralizarlo o inutilizarlo con fines políticos, es un abierto atentado contra el Estado Constitucional de Derecho”, sostuvo.
El Estado Constitucional de Derecho, dijo, no es sólo una construcción de la teoría constitucional o de la teoría política; es, en realidad, una forma de vida, “es nuestra responsabilidad protegerlo, fortalecerlo y reivindicarlo como propio”, precisó.
Al mismo tiempo, López Benítez hizo un reconocimiento a los casi 1,200 participantes que se han reunido en los seis Encuentros anteriores a éste, y estimó que al término de los 15 que se efectuarán en todo el país, se tendrá, como resultado, insumos muy valiosos que generarán las líneas de acción de una agenda nacional de seguridad y justicia.
Esa propuesta, destacó, permitirá reencauzar nuestro Estado Constitucional de Derecho al sendero de la empatía, el entendimiento, la razón, la democracia y el respeto irrestricto a nuestra Constitución Política en beneficio de nuestro país.
En esta séptima edición, se contó con la participación de más 260 personas usuarias del sistema judicial, integrantes de la academia y de la sociedad civil de Hidalgo, las cuales se distribuyeron en 20 mesas de trabajo.
En el acto destararon las participaciones de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Hidalgo, María del Carmen Lozano Moreno; de la subprocuradora de Delitos de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Lorena Cano García; y la Rectora del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, Irma Ramírez Rivera.
Como parte del presídium, también estuvieron: Antonio Márquez Hidalgo, presidente de la Barra Mexicana de Abogados y del Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo; Javier Omar Montoya Piña, presidente del Colegio Foro Hidalguense de Abogados Postulantes, A.C; y Ángel Daen Morales García, vicepresidente de Biofutura, A.C.
Nota de Abel López Jiménez.
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