Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos enfrenta críticas internacionales y exigencias de investigación tras reportarse la muerte de Royer Pérez Jiménez bajo su custodia y la detención arbitraria de la periodista Estefany Rodríguez, hechos que se suman a un patrón de acciones cuestionables durante el segundo mandato de Donald Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha demandado esclarecer las circunstancias del deceso del joven mexicano, mientras el caso de la comunicadora derivó en una liberación condicionada a una fianza de 10 mil dólares.
La muerte de Royer Pérez Jiménez ocurrió el 16 de marzo de 2026 en instalaciones del ICE en Washington. Aunque la agencia estadounidense calificó el evento como un “presunto suicidio”, el gobierno mexicano ha insinuado que la versión oficial podría no ser concluyente y exige una investigación profunda. Hasta el momento, no se ha especificado la causa médica o forense oficial definitiva, lo que mantiene la controversia sobre las condiciones en que falleció el ciudadano mexicano.
En paralelo, el caso de Estefany Rodríguez evidenció contradicciones legales sobre su estatus migratorio. El gobierno de EE. UU. sostiene que la periodista carece de documentación legal debido a que su visa expiró en 2021; sin embargo, su equipo legal, encabezado por el abogado Mike Holley, afirma que no asistió a citas obligatorias porque estas fueron reprogramadas sin notificación adecuada. Tras la presión mediática y legal, Rodríguez fue liberada mediante una fianza de 10,000 dólares, aunque persiste la incertidumbre sobre el estatus actual de su proceso de asilo político y los detalles específicos de las acusaciones en su contra.
Estos incidentes se contextualizan en un entorno de mayor severidad migratoria. Según informes de la Comisión de Mujeres Refugiadas y Médicos por los Derechos Humanos, 46 personas han fallecido bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump. Las organizaciones señalan un patrón que incluye no solo muertes en detención, sino también el uso indebido de la agencia en disputas personales, como se alega en la participación de Paolo Zampolli, amigo del presidente estadounidense, en asuntos de custodia familiar.
La situación ha generado condenas internacionales y protestas que destacan la posibilidad de políticas discriminatorias. Mientras el Departamento de Estado mantiene su postura sobre la aplicación estricta de la ley migratoria, la falta de claridad en los procesos forenses y la reprogramación de citas sin aviso adecuado continúan siendo puntos de conflicto entre las autoridades estadounidenses y los defensores de derechos humanos.
El gobierno de México prepara una segunda carta diplomática dirigida a las autoridades de Washington para insistir en la transparencia del caso Pérez Jiménez, aunque el contenido específico de dicho documento no ha sido detallado públicamente. La atención se centra ahora en si las investigaciones prometidas arrojarán luz sobre las causas reales de los decesos y las irregularidades en las detenciones reportadas.
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