Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales del país como respuesta urgente a la parálisis operativa en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas. La decisión, coordinada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, busca mitigar el colapso en los puntos de seguridad donde la tasa nacional de ausencias alcanzó el 11.76% el 22 de marzo, provocando esperas de hasta tres horas en terminales como la de Atlanta.
La crisis de personal se origina por el rechazo del Senado, por quinta vez desde febrero, a la propuesta de financiamiento para el DHS, lo que ha dejado a miles de empleados de la TSA trabajando sin sueldo completo desde el 14 de febrero. Esta situación financiera ha detonado más de 400 renuncias y un aumento significativo en las ausencias no programadas. En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, los tiempos de espera reportados llegaron a casi tres horas, mientras que en Houston (George Bush) y Nueva York (JFK) se registraron demoras de dos y más de una hora, respectivamente.
De acuerdo con la administración, el despliegue tiene como objetivo aliviar la carga operativa de los agentes de TSA; sin embargo, existe una limitación técnica crítica: los oficiales del ICE no cuentan con capacitación para realizar funciones esenciales de seguridad como la operación de escáneres de rayos X, revisiones de equipaje o cacheos físicos. Su labor se restringe a tareas auxiliares, tales como la gestión de filas y la vigilancia general, lo que ha llevado a diversos reportes a calificar la medida como una solución incompleta que no aborda la raíz del problema en su primer día de operaciones.
La maniobra ha generado reacciones divididas entre las autoridades locales y legisladores. Andre Dickens, alcalde de Atlanta, se pronunció sobre la situación en su ciudad, mientras que figuras como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara, han criticado la estrategia. Incluso dentro del Partido Republicano, la senadora Lisa Murkowski expresó reservas, sumándose a la tensión entre el anuncio gubernamental de ayuda necesaria y las advertencias sobre los riesgos de asignar personal no especializado a entornos de alta seguridad aérea.
A pesar de la presencia adicional de uniformados, las largas persisten debido a que el cuello de botella se mantiene en los procesos técnicos que requieren certificación especializada. La contradicción central radica en que, mientras el ejecutivo presenta el movimiento como un alivio inmediato, los datos operativos sugieren que la falta de capacidad para ejecutar inspecciones físicas y tecnológicas por parte del ICE impide restaurar la fluidez normal en los controles de embarque.
El contexto político marca una tensión creciente en Washington, donde la parálisis presupuestaria continúa sin un plazo estimado de resolución. La dependencia de medidas paliativas que no cubren las funciones nucleares de la TSA refleja la gravedad de un estancamiento legislativo que ya ha impactado la infraestructura de transporte nacional, dejando a los pasajeros como los principales afectados por una disputa fiscal que mantiene al departamento clave del gobierno sin fondos completos desde hace más de un mes.
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