Líderes de organizaciones de productores de maíz y trigo de varios estados exigen al gobierno federal impulsar un programa emergente de rescate al campo, con el fin de fomentar la producción de alimentos y empleos en el sector agrícola, con el fin de no poner en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
Así lo establecen en una carta enviada a Víctor Villalobos Arámbula, titular de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), donde agregan que otro de los objetivos con ese programa sería “obtener precios que permitan que un sector estratégico, como es el agrícola, siga desarrollándose de manera positiva”.
Señalan que es necesario que los programas y estímulos a la agricultura comercial fomenten su desarrollo y que los productores puedan participar de dichos estímulos sin limitaciones por superficie y destino en la comercialización.
De esta forma, los precios de garantía determinados por Segalmex de siete mil cincuenta pesos por tonelada de trigo (cristalino y panificable), así como de seis mil 915 pesos por tonelada para maíz blanco, sean cantidades establecidas para todos los productores de granos básicos del país sin restricción.
“Hacemos de su conocimiento que la producción esperada de trigo y maíz para el presente ciclo en Sonora (por ejemplo) es de alrededor de 1.6 millones de toneladas; los productores agrícolas seguimos cumpliendo nuestro compromiso produciendo a pesar de que nuestro sector está pasando por una gran incertidumbre”, le indican al funcionario federal.
Le recuerdan que actualmente se registran altos costos de producción por el encarecimiento de insumos, además de los bajos precios que se presentan en los mercados internacionales, sobre todo para los granos básicos.
Lo anterior, dice el documento, tiene implicaciones que afectan directamente a cultivos que generan más de dos millones de jornales en la entidad, a la vez que se tendrían problemas al caer en cartera vencida con las fuentes de financiamiento, lo que imposibilitaría el desarrollo de la agricultura estatal y traerá consecuencias económicas y sociales desfavorables para la región.
Los productores insisten que el Gobierno Federal debe atender y fomentar el desarrollo del campo, tal como lo establece el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, lo que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, accionando políticas públicas que eleven la productividad, la competitividad, el ingreso y el empleo a la población rural.
Por Abel López Jiménez.
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