Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el aborto en México, especialistas advirtieron sobre los obstáculos legales y sociales que aún impiden el acceso universal a este derecho.
Melissa Ayala, vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), explicó que la Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en el Código Penal Federal, ya que esta violaba los derechos de las mujeres y personas gestantes al no permitir la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas. Pese a esta sentencia, el Congreso aún no ha derogado el delito a nivel federal.
Ayala subrayó que, aunque el Congreso debía eliminar el delito de aborto en el periodo ordinario anterior, esto no ocurrió. Sin embargo, confía en que el nuevo Congreso, al que califica de “legislativo feminista”, realice la derogación en este nuevo periodo de sesiones.
Hasta la fecha, 15 estados de México han despenalizado el aborto antes de las 12 semanas de gestación, con la excepción de Sinaloa, donde se permite hasta la semana 13. Sin embargo, persisten restricciones en algunos estados, como en Aguascalientes, donde el Congreso redujo el plazo para el aborto voluntario a solo 6 semanas. Ayala espera que el Gobierno de esa entidad vete esta medida, ya que va en contra de la sentencia de la Corte.
Otro de los puntos clave de la sentencia del 6 de septiembre de 2023 fue que todas las instituciones de salud federales, como el IMSS y el ISSSTE, debían ofrecer servicios de aborto. A pesar de esto, un informe de Human Rights Watch (HRW) reveló que en varias entidades, incluyendo el Estado de México, las instituciones federales aún no proporcionan este servicio. Esto demuestra que, aunque se ha avanzado, las barreras en el acceso al aborto siguen siendo una realidad para muchas mujeres en el país.
Finalmente, Ayala y HRW hicieron un llamado a eliminar los plazos que limitan el acceso al aborto, especialmente para aquellas mujeres en situaciones vulnerables. Argumentan que cualquier regulación sobre este servicio debería centrarse en criterios sanitarios y no en restricciones penales.
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