Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ enfrenta un estancamiento crítico en el Senado de la República, marcado por contradicciones internas en la bancada oficialista y el rechazo frontal del Partido del Trabajo (PT) a un punto central de la iniciativa: la realización de la revocación de mandato en junio de 2027. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció inicialmente que el dictamen estaría listo para este martes 24 de marzo, fuentes parlamentarias confirman que la postergación es inevitable, probablemente hasta después de la Semana Santa, debido a la falta de consensos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone la reforma de cuatro artículos constitucionales (35, 115, 116 y 134) para establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales, reducir el número de regidores y síndicos municipales, y modificar las reglas para la revocación de mandato. Sin embargo, la viabilidad política del proyecto se ha vuelto incierta ante las declaraciones divergentes de sus propios promotores. Óscar Cantón Zetina, líder senatorial de Morena, aseguró que la coalición gobernante cuenta con los votos necesarios en las comisiones para sacar adelante el dictamen, minimizando las fricciones con sus aliados.
En contraste con la postura de Cantón, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una evaluación más cautelosa al señalar que la presidenta es consciente de que podrían no alcanzar los votos requeridos en el Congreso. Esta discrepancia refleja la tensión interna mientras se intentan negociar los puntos conflictivos con el PT, cuya dirigencia, encabezada por Alberto Anaya, ha condicionado su apoyo a la eliminación de la propuesta que fija la consulta de revocación para 2027, argumentando que dicha fecha beneficiaría electoralmente a Morena al coincidir con las elecciones legislativas.
Ante el bloqueo legislativo, los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— han mantenido una postura de reserva técnica, desmintiendo versiones que atribuyen al organismo la autoría de documentos sobre el Plan B. La oposición integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) ha solicitado formalmente retirar la iniciativa, aprovechando la fragmentación en el bloque oficialista para exigir la paralización del proceso de reforma constitucional en materia electoral.
La incertidumbre se extiende sobre los detalles técnicos y políticos que aún no han sido resueltos. No se ha hecho público el contenido completo ni la redacción final del dictamen que se pretende discutir, ni existe un análisis oficial detallado sobre el impacto presupuestal real de la reducción de regidurías y el tope al gasto de los legislativos locales. Asimismo, permanece sin respuesta concreta el resultado de las negociaciones privadas entre Morena y el PT, lo que deja en suspenso si el partido laborista mantendrá su veto o si se alcanzará un acuerdo de última hora para modificar la fecha de la revocación de mandato.
Con la sesión de comisiones programada para dictaminar la iniciativa sin una fecha ni hora exacta confirmada, el ‘Plan B’ queda a la espera de una definición que podría determinar el futuro de la reforma electoral en 2026. La falta de claridad sobre el número específico de votos con los que cuenta la alianza gobernante en el pleno del Senado sugiere que, sin la adhesión incondicional del PT, la iniciativa presidencial podría correr la misma suerte que el ‘Plan A’, rechazado previamente en la Cámara de Diputados por no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
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