Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron la venta del 50 por ciento de los activos que la siderúrgica poseía en la ferroviaria Línea Coahuila-Durango. La operación fue concretada por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, por un monto de 48 millones de pesos.
Los obreros, quienes exigen desde hace tres años y medio el pago de salarios y liquidaciones tras la bancarrota de la empresa, consideraron que la transacción se realizó por un importe inferior al valor real de los activos. Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, declaró: “Es una burla la venta en 48 millones de pesos; la maquinaria vale 10 veces más”.
La venta permite que Industrias Peñoles, mediante su filial Química Magna, logre el control total de la ferroviaria al adquirir el porcentaje restante, dado que ya era propietaria de la otra mitad de las acciones. La empresa Línea Coahuila-Durango fue creada en los años 90 como una sociedad entre AHMSA y Peñoles. Aunque desde el año pasado el juzgado autorizó la venta, existía un recurso legal de Banca Afirme, uno de los acreedores en el proceso de subasta, que impedía la transacción hasta que la institución presentó un desistimiento.
Los activos involucrados no solo incluyen la red ferroviaria, sino también equipos, góndolas, tanques, plataformas y cabuses. Los trabajadores temen que esta venta disminuya los recursos disponibles al finalizar el procedimiento y afecte el pago íntegro de sus adeudos laborales, pues consideran que la operación perjudica sus derechos como acreedores. Además, rechazaron la venta de bienes del interior de la acerera en Coahuila antes de que concluya el proceso de subasta.
Ante esto, los obreros entregaron un oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el documento solicitaron a las autoridades investigar la venta y exigieron acceso al avalúo realizado por el síndico. La venta fue autorizada bajo el argumento de que la ley permite hacerlo en bienes que no sean esenciales para la producción, estableciendo que el síndico puede solicitar al juez autorización para vender un bien mediante un procedimiento distinto a la subasta si demuestra que obtendrá un mayor valor.