Por Redacción
El Álamo (Sinaloa), 19 de marzo de 2026.- Fuerzas federales integradas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron un operativo en la madrugada de este jueves en la sindicatura de El Álamo, ubicada en El Salado, al sur de Culiacán. La acción dejó como saldo la detención de dos personas, un hombre y una mujer, aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial confirmando los hechos ni la identidad de los detenidos.
De acuerdo con reportes de medios locales, el despliegue incluyó convoyes terrestres y apoyo aéreo con helicópteros que se movilizaron hacia el poblado, identificado como zona de influencia del grupo criminal encabezado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada. La fuente Quadratín Sinaloa confirmó la participación de la Marina y la SSPC, así como la aprehensión de los dos individuos, sin mencionar el aseguramiento de armas u objetos ilícitos hasta el momento.
Existen versiones extraoficiales que circulan en medios regionales respecto a la posible detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, presuntamente hija del líder criminal. El semanario ZETA reportó esta información, aunque no ha sido corroborada por fuentes gubernamentales ni por otras coberturas periodísticas que solo refieren a dos detenidos sin especificar sus nombres.
Surge una discrepancia en los reportes sobre la composición de las fuerzas desplegadas: mientras ZETA menciona la participación del Ejército mexicano, otras fuentes como López Dóriga y Quadratín limitan la presencia a elementos de la Marina y la SSPC. Hasta la fecha, no se dispone de una confirmación institucional que aclare si las fuerzas castrenses terrestres tomaron parte en la acción.
La región de El Salado ha sido históricamente señalada como bastión operativo de facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa. Este nuevo despliegue de fuerzas federales se suma a la estrategia de seguridad implementada en la entidad, aunque la falta de información oficial sobre el motivo específico del operativo y el estatus legal de los detenidos mantiene la incertidumbre sobre el impacto real de la acción.
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