Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República la llamada Reforma Electoral “Plan B”, una propuesta acordada con los partidos aliados PT y Verde Ecologista de México (PVEM) después de que estos rechazaran la iniciativa original el pasado 11 de marzo. La nueva propuesta, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se centra en dos puntos clave: establecer un tope al gasto de los congresos estatales y eliminar las regidurías plurinominales en los ayuntamientos, como parte de una política de austeridad republicana.
La negociación del Plan B se realizó en la Secretaría de Gobernación, donde se buscó conciliar las posturas de Morena y sus aliados. El acuerdo permitió salvar el bloqueo legislativo que había generado el rechazo a la reforma integral, la cual incluía cambios más profundos al Instituto Nacional Electoral (INE) y al sistema de justicia electoral.
Uno de los ejes centrales de la nueva iniciativa es la reducción del presupuesto de los congresos locales. Según los datos proporcionados, se propone un tope máximo del 0.7% del presupuesto total de cada estado para financiar su poder legislativo. Con el presupuesto actual, que asciende a 18 mil 429 millones 929 mil pesos, se proyecta un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos anuales.
El líder del PVEM, Manuel Velasco, respaldó el envío de la iniciativa, señalando que refleja el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas de la coalición gobernante. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas porque, a diferencia de la reforma original, el Plan B mantendría prácticamente intacta la estructura y autonomía del INE, limitándose a los ajustes presupuestales y de cargos de elección popular a nivel municipal.
El contexto político indica que el gobierno de Sheinbaum priorizó la unidad con sus aliados legislativos para evitar una nueva derrota en el Congreso. El rechazo del PT y el PVEM a la reforma original obligó al Ejecutivo a reformular su propuesta, descartando componentes más controversiales que requerían una mayoría calificada para modificar la Constitución.
Lo que sigue es el análisis y posible discusión de la iniciativa en las comisiones del Senado, donde se espera que la oposición presente reservas y propuestas de modificación. El trámite legislativo deberá continuar en la Cámara de Diputados para su eventual aprobación, en un proceso que se prevé menos conflictivo que el de la reforma original.
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