Ciudad De México, 22 de junio de 2026.- El gobierno mexicano ha solicitado más pruebas a Estados Unidos respecto a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras existir un expediente estadounidense en su contra y la de nueve cómplices por presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que no observa elementos suficientes para proceder con una detención provisional urgente del funcionario.
Ante este escenario, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió que no se olvide el caso y exigió que Rocha Moya sea entregado a la justicia. La mandataria afirmó que México atraviesa una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, declaró Campos.
La postura de la gobernadora de Chihuahua contrasta con las acusaciones del oficialismo, que señala a Campos por violar leyes mexicanas y la soberanía nacional al permitir injerencias desde el exterior. La FGR investiga a Maru Campos debido a la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua, donde murieron cuatro personas, incluyendo dos agentes identificados como integrantes de la CIA cuya participación operativa no había sido informada al gobierno mexicano.
Sobre este punto, Maru Campos aseguró: “Estoy total en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”. Cabe recordar que la gobernadora fue vinculada a proceso en 2021 por el presunto delito de cohecho relacionado con la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte.
Mientras el debate sobre la extradición y la soberanía continúa, el oficialismo ha acusado a la oposición de utilizar el caso de Rubén Rocha Moya con fines políticos, marcando una división clara entre la postura del gobierno federal, que requiere más evidencias, y las exigencias de entrega inmediata de sectores opositores.
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