Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal presentó este martes una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada “Plan B”, que se enfoca en medidas de austeridad y recortes presupuestales, tras el rechazo de una reforma constitucional más amplia en la Cámara de Diputados. La propuesta, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será enviada al Senado de la República para su discusión.
El paquete legislativo contempla una reducción del número máximo de regidurías municipales a 15, con un mínimo de 7, y establece un tope presupuestal para los congresos locales del 0.7% del gasto estatal total. Además, propone una reducción progresiva de los gastos de operación del Senado hasta alcanzar un 15%, y mantiene en el calendario la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para el año 2027.
La iniciativa surge como una respuesta política luego de que el Congreso rechazara una reforma constitucional promovida por Sheinbaum, que buscaba, entre otros puntos, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos. Al no requerir cambios a la Constitución en todos sus aspectos, el “Plan B” busca avanzar en la agenda de “austeridad republicana” que caracteriza a la administración actual.
“Siempre hubo un plan B”, afirmó la secretaria Rodríguez durante la presentación en el espacio “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional. La funcionaria destacó que las medidas están encaminadas a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en las estructuras políticas del país.
La propuesta ya generó reacciones inmediatas en la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, se manifestó en contra del componente que reactiva el proceso de revocación de mandato, el cual estaría programado para realizarse entre 2027 y 2028, calificándolo de innecesario y costoso.
El contexto político indica que el gobierno buscará construir los acuerdos necesarios en el Senado, donde la composición de fuerzas puede ser más favorable que en la Cámara de Diputados. La discusión parlamentaria revelará el nivel de consenso que puede alcanzar esta iniciativa de carácter técnico y presupuestal, en contraste con la reforma constitucional de mayor calado que fue desechada.
Se espera que en los próximos días los grupos parlamentarios definan su postura y se conozcan los detalles del texto legal, así como las proyecciones de ahorro que el Ejecutivo federal atribuye a estas medidas de reestructuración del gasto en los órganos legislativos y municipales.
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