Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad estructural que deja sin resolución efectiva apenas uno de cada 10 casos y una ola de violencia que cobró la vida de 82 policías entre enero y el 10 de marzo de 2026, según revelaron informes de las organizaciones México Evalúa y Causa en Común.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, desglosa la cadena de fracasso institucional: aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, solo el 6.28% de los casos logran avanzar hasta una acción penal, lo que resulta en una tasa de resolución efectiva de apenas 10.55%.
La desconfianza ciudadana hacia las autoridades queda reflejada en las cifras de subregistro; en estados como Coahuila y Durango, el 90.7% y 92.6% de los delitos respectivamente no fueron denunciados, lo que sugiere que la población percibe al sistema judicial como inoperante o corrupto, perpetuando un ciclo de invisibilidad delictiva.
Paralelamente, la organización Causa en Común documentó un incremento alarmante en la letalidad contra fuerzas de seguridad, reportando 82 policías asesinados en los primeros 70 días de 2026. Esta cifra underscore la vulnerabilidad de las corporaciones policiacas frente al crimen organizado y la falta de capacidades estatales para proteger a quienes tienen la encomienda de investigar y perseguir el delito.
La convergencia de estos dos fenómenos, la incapacidad para procesar judicialmente a los criminales y la imposibilidad para proteger a los operadores de justicia, dibuja un escenario de colapsó funcional donde la ley deja de ser un mecanismo de orden para convertirse en un dato estadístico de fracaso.
Ante este panorama, expertos en seguridad pública advierten que sin reformas profundas que ataquen tanto la corrupción interna como la infiltración del crimen organizado en las instituciones, las cifras de impunidad y violencia continuarán escalando, erosionando definitivamente el tejido social y la gobernabilidad democrática en el país.
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