Fotografía de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER
Washington, 14 de julio de 2026.- Un análisis del Center for American Progress (CAP) publicado este lunes sostiene que los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente Donald Trump en ciudades gobernadas por demócratas no han logrado reducir los delitos violentos. El informe menciona específicamente a Los Ángeles, Washington, Memphis y Nueva Orleans como las localidades objeto de esta medida.
El estudio determinó que la tendencia de disminución de delitos ya existía en algunas ciudades antes del despliegue e incluso se registraron aumentos pequeños durante la intervención federal. En Los Ángeles, la tasa de delitos violentos mensuales por cada 100 mil habitantes era de 56.86 cuando se realizó el despliegue, pero en diciembre de 2025 subió a 58 puntos.
En el caso de Washington, la tasa de delitos violentos era de 13.27 en agosto de 2025, momento en que se enviaron tropas, y para febrero de 2026 aumentó a 19.68. El documento subraya que las ciudades que fueron objeto o amenazadas con los despliegues registraron una disminución promedio del 14% en delitos violentos y del 22% en homicidios durante los 12 meses previos a la intervención federal.
La Casa Blanca justificó el despliegue en Los Ángeles asegurando que buscaba regresar la seguridad a la ciudad tras las protestas por las redadas migratorias. Previamente, en junio de 2025, Donald Trump tomó el control de los soldados de la Guardia Nacional en California sin la anuencia del gobernador demócrata Gavin Newsom. Asimismo, Trump intentó implantar despliegues similares en Chicago y Portland, pero los tribunales federales se lo impidieron.
Chandler Hall, citado en el reporte, afirmó: “Los datos finalmente han desmentido la retórica: la estrategia insignia de seguridad pública de Donald Trump no ha tenido ningún efecto cuantificable en la reducción de los delitos violentos, y sin embargo costará a los contribuyentes cerca de 2 mil millones de dólares para finales de año”. El CAP estima que estos costos serán asumidos por los contribuyentes para cierre del año, calificando las medidas como “costosos e inefic”.
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