Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- Las ganancias ilícitas derivadas del robo y contrabando de combustible son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, según un reporte del gobierno de Estados Unidos emitido por el Departamento del Tesoro.
El informe señala que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa emplean los recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para “favorecer la elección de políticos” que protejan sus intereses. Asimismo, estos grupos criminales logran colocar “aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano”.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) sostiene que dicha colocación de aliados facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos para lavar dinero. Este esquema, denominado “huachicol fiscal”, consiste en la evasión fiscal y lavado de dinero mediante la importación de combustibles desde Estados Unidos hacia México sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con el documento, la operación inicia cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas y lo canalizan hacia empresas fachada y compañías fantasma. El combustible cruza la frontera mexicana en camiones cisterna, trenes o embarcaciones. Para evitar impuestos, FinCEN indica que los cargamentos son “declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos”.
La agencia estadounidense afirma que este mecanismo es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas. Intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar combustibles, pero no importarlos, por lo que presuntamente recurren a “documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto”.
Una vez en territorio nacional, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y distribuido mediante gasolineras fachada o puntos de venta irregulares llamados “cachimbas”. FinCEN cita estimaciones del gobierno de EE.UU. según las cuales entre “una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito”.
Para el flujo de recursos, los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo para enviar dinero a proveedores en Estados Unidos. El informe detalla que el dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos.
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