Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación penal contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, imputado por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”. La resolución, emitida este mes en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a facilitar a la defensa el acceso completo a la carpeta de investigación, vulnerando el derecho a una defensa adecuada. El exmilitar, recluido en el penal del Altiplano, y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, prófugo, son señalados de operar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del caso, determinó que la FGR incumplió un plazo de cinco días para transparentar el expediente, lo que motivó la reapertura de la investigación complementaria dentro de la causa penal 325/2025. La defensa del imputado, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, había solicitado el acceso a toda la evidencia para preparar su estrategia, argumentando que la negativa fiscal obstaculizaba el proceso.
El caso gira en torno a la presunta operación de una red criminal denominada “Los Primos”, a la que se le atribuye el desvío y contrabando de combustibles, evadiendo el pago de impuestos. Uno de los hechos más graves vinculados a esta investigación es el decomiso de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, ocurrido en marzo de 2025, el cual habría sido ejecutado por esta organización.
Previo a la resolución judicial, el propio Manuel Farías Laguna envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que denunció violaciones procesales en su contra, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La reapertura de la investigación busca subsanar las fallas en el debido proceso y otorgar a la defensa el tiempo y los elementos necesarios para su labor.
Este caso pone nuevamente en la mira la presunta infiltración de estructuras criminales en instituciones públicas estratégicas como la aduana y evidencia las tensiones entre las autoridades judiciales y el Ministerio Público federal en procesos de alto perfil. Los próximos tres meses serán cruciales para determinar si la FGR integra la investigación de manera completa y si se logran establecer responsabilidades penales contra los imputados.
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