marzo 17, 2026
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Por Redacción

Buenos Aires, Argentina, 17 de marzo de 2026.- La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el caso conocido como Cuadernos de las Coimas, donde enfrenta acusaciones de liderar una asociación ilícita para cobrar sobornos de empresas de obra pública durante su gobierno. En paralelo, el presidente Javier Milei es investigado judicialmente por un presunto acuerdo de 5 millones de dólares por promover la criptomoneda $Libra, que colapsó horas después de su lanzamiento causando pérdidas masivas a inversionistas.

Durante su declaración, Kirchner se negó a responder preguntas y realizó un extenso alegato político donde calificó el proceso como “farsa judicial” y “persecución política”. La exmandataria, quien ya cumple una condena de 6 años por corrupción en la causa Vialidad, afirmó: “Con este Poder Judicial me puedo morir presa”. Criticó duramente al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadio, acusándolos de prácticas mafiosas para coaccionar testimonios en su contra.

Kirchner también cuestionó al gobierno de Milei, señalando que el actual presidente violó la Constitución al anunciar durante la apertura de sesiones legislativas que ella “seguiría presa” por esta causa y por el Memorándum con Irán. “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”, argumentó.

Mientras tanto, la justicia investiga a Milei por su vinculación con la criptomoneda $Libra, promocionada como proyecto privado para incentivar la economía. Las pesquisas judiciales se centran en un presunto acuerdo millonario entre el mandatario y los promotores de la moneda digital, que colapsó abruptamente tras su lanzamiento dejando pérdidas a miles de inversores. La investigación incluye causas en Argentina y Estados Unidos por estafa financiera.

El caso Cuadernos, donde Kirchner es la principal imputada, involucra a 87 acusados y se basa en los registros del chofer Óscar Centeno que detallaban presuntos pagos de coimas. La expresidenta insistió en su declaración que existen “chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli que prueban extorsión, chantaje y manejo delictivo de la Ley del Arrepentido”.

Estos procesos judiciales simultáneos contra las dos principales figuras políticas de Argentina reflejan la profundización de la crisis institucional en el país, donde las acusaciones de corrupción y lawfare se entrecruzan en un escenario de alta polarización política y económica.

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