***Uno de ellos, absolver de delitos federales al general Salvador Cienfuegos, según se revela en audios
Durante la gestión de Arturo Zaldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de sus hombres de confianza, Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fue “presionado” por la Defensa Nacional (Sedena) para que resolviera a favor de la dependencia casos difíciles, como aquel del General Salvador Cienfuegos, según se revela en audios.
Tras la orden de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidenta de la Suprema Corte, para que el CJF investigue una serie de actos de corrupción contra su antecesor Zaldívar Lelo de Larrea, con base en una información anónima, ahora empiezan a surgir detalles, como ese, de la investigación en curso.
A través de videos exhibidos el pasado fin de semana, se pudo saber que la Sedena, a través de su Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitó resoluciones favorables en temas de interés para la institución castrense a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex titular del CJF.
Cabe señalar que desde el pasado mes de abril, Alpízar Salazar ha sido señalado en denuncias presentadas ante el CJF de presionar y amenazar a jueces y magistrados para que resolvieran a favor amparos, sentencias y vinculaciones a proceso en casos prioritarios para el Gobierno Federal. Todo esto durante la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte.
Los audios obtenidos por N+Focus revelaron la forma en la que Alpízar presionó al juez Alberto Roldán Olvera en el piso 14 del edificio del CJF para que negara una orden de aprehensión contra Frida Martínez, ex secretaria general de la Policía Federal investigada por su presunta responsabilidad en un desvío de 2 mil 500 millones de pesos.
Al menos en dos ocasiones, entre junio y diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió oficios a la cuenta de correo [email protected], donde solicitó a Carlos Alpízar intervenir en los casos del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda y el Rancho Las Mesas, propiedad incautada en Valle de Bravo a Moisés Mansur Cysneros, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En un oficio enviado el 22 de junio de 2021, la Sedena pidió a Alpízar “su valioso apoyo para que se obtenga una resolución que favorezca los intereses institucionales”.
La institución castrense buscaba que Rosa González Valdés, Magistrada Presidenta del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, revocara la admisión de una demanda de amparo que buscaba conocer el contenido del expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el cual fue difundido por la FGR en una versión pública con amplias secciones tachadas tras la vuelta del ex secretario de la Defensa a México, quien había sido detenido en Estados Unidos.
Dicha demanda de amparo fue promovida por Bryan Carlos LeBarón Jones, miembro de la familia LeBarón, quien reclamó que la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República fueron omisas en su deber de garantizar el derecho a la información y la verdad al publicar “testado” el expediente del caso Cienfuegos.
Tras la demanda de amparo admitida el 19 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interpusieron recurso de queja en contra de su admisión, alegando fue presentada de forma extemporánea y que LeBarón Jones carecía de interés jurídico para conocer el expediente.
Este recurso de queja fue turnado a la ponencia de la Magistrada Rosa González Valdés y por el que la Sedena solicitó la intervención de Alpízar para obtener una resolución favorable.
El 26 de junio de 2021, los tres magistrados que conformaban el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre ellos González Valdés, declararon infundado el recurso de queja del Gobierno Federal y admitieron a trámite la demanda de amparo de LeBarón Jones.
De acuerdo con la página del Consejo de la Judicatura Federal, González Valdés continúa siendo magistrada en el mismo Tribunal Colegiado.
La Sedena también solicitó a Carlos Alpízar intervenir para que la justicia federal negara el amparo con el que Moisés Mansur Cysneros buscaba recuperar la superficie del 33% del Rancho Las Mesas que un juez de control había declarado en abandono a favor de la Federación en la causa penal 97/2016.
El 4 de diciembre de 2021, la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena envió un oficio donde pedía a Alpízar “su apoyo e intervención, a fin de que se niegue la suspensión definitiva y en su momento se niegue el amparo solicitado por los quejosos”.
Al principio, la demanda de amparo promovida por Mansur se turnó al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, presidido por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña.
Sin embargo, Robledo Magaña determinó carecer de competencia para conocer el asunto debido a que el rancho no se encontraba dentro de su jurisdicción, por lo que fue remitido al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, presidido por el juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez.
Por Abel López Jiménez.
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