Morelia, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que enviará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para que adolescentes involucrados en delitos graves sean juzgados como adultos, medida que se suma al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La decisión surge tras el asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, presuntamente cometido por un adolescente de 15 años identificado como Osmar N. Durante entrevista, el mandatario subrayó que aunque la tragedia de Lázaro Cárdenas no es el único caso, existen antecedentes de que grupos criminales utilizan a menores para actividades delictivas aprovechando su inimputabilidad ante las leyes mexicanas.
Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque, aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando, agregó el gobernador durante su declaración.
Según información de la Fiscalía michoacana, Osmar N fue imputado por el delito de feminicidio en relación con el homicidio de las docentes María del Rosario y Tatiana, de la preparatoria Anton Makárenko. El Ministerio Público también ordenó la privación justificada de su libertad por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La audiencia de control y formulación de imputación se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, debido a que se trata de un menor. A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para que el juez determine si hay vinculación a proceso y califique el delito.
De acuerdo con la investigación recabada por la Fiscalía, el adolescente planeó desde el día anterior el homicidio de las docentes. La audiencia se reanudará el próximo lunes, cuando se conocerá el resolutivo sobre la situación legal del imputado.
La propuesta de reforma penal busca modificar el tratamiento jurídico de menores involucrados en crímenes de alto impacto, en un contexto donde autoridades han identificado el uso de adolescentes por parte de organizaciones criminales para evadir consecuencias legales completas.
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