Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso este lunes un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial que actualmente se discute en el Congreso, advirtiendo sobre la necesidad de perfeccionar la iniciativa. En paralelo, un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que, para 2026, el 39.3% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) se destinará al financiamiento público de los partidos políticos, lo que suma 242,378 millones de pesos asignados al organismo entre 2018 y el presente año.
La ministra Esquivel, quien no detalló públicamente el contenido completo de sus propuestas, señaló que es necesario realizar modificaciones puntuales al paquete de reformas para garantizar su viabilidad y correcta implementación. Su intervención se da en medio de un intenso debate nacional sobre la transformación del Poder Judicial y el papel de los organismos autónomos.
El análisis presupuestal del órgano técnico de los diputados detalla que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2026. La partida más significativa corresponde al financiamiento de los partidos políticos, seguida de los rubros operativos y de organización electoral. Estas cifras reavivan la discusión sobre la eficiencia en el uso de recursos públicos en el sistema electoral mexicano.
Desde otro frente institucional, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, hizo un llamado para que los actores políticos resuelvan sus diferencias dentro de los marcos legales y eviten involucrar a la justicia electoral en controversias partidistas. Bátiz García enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias para descongestionar los tribunales.
El cruce de declaraciones y estudios publicados en la misma fecha refleja una agenda nacional centrada en la evaluación del costo, la autonomía y la posible reforma de instituciones clave del Estado. La propuesta de ajustes de la ministra Esquivel enfrentará el escrutinio de sus colegas en la SCJN y de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en un contexto donde el gasto de organismos como el INE está bajo la lupa.
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