diciembre 5, 2024
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha sido convocada de manera urgente para sesionar este viernes.

Por Luis Martínez Alcántara 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha sido convocada de manera urgente para sesionar este viernes, con el objetivo de aprobar el dictamen que busca la extinción de varios organismos autónomos, incluidos el INAI, la CRE, la COFECE, el IFT, y el CONEVAL.

Aunque inicialmente se había indicado que esta decisión quedaría en manos de la próxima legislatura y la presidenta electa, el panorama cambió y se espera que este mismo viernes se vote sobre la propuesta enviada por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, como parte del denominado Plan C.

Los partidos Morena, PT y PVEM cuentan con la mayoría de votos necesarios en la Comisión para sacar adelante este proyecto de decreto. La convocatoria para la sesión fue enviada por Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, citando a los 38 integrantes para discutir y aprobar la propuesta de reforma.

Este cambio en la agenda legislativa se produjo tras una aparente decisión del equipo de la presidenta electa y la Secretaría de Gobernación de reactivar el dictamen y proceder con su aprobación esta misma semana.

Una de las principales incógnitas en torno a la votación del viernes es si se votará la versión original del presidente López Obrador, que proponía la extinción de los organismos autónomos en un plazo de 90 días naturales, o si se discutirá una versión modificada que permitiría la prolongación de su existencia hasta 2025.

En el segundo caso, la propuesta también contempla un plazo de un año para que el Congreso realice las adecuaciones legales necesarias para que las funciones de estos organismos sean asumidas por diversas dependencias federales.

De aprobarse el dictamen, las funciones del INAI pasarían a ser responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, mientras que las tareas de las entidades reguladoras del sector energético serían transferidas a la Secretaría de Energía. El IFT quedaría bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura y las funciones de la COFECE se asignarían a la Secretaría de Economía. 

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