Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita urgentemente el caso.
El CED concluyó que la información que ha recibido contiene indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El comité basa su evaluación en el hecho constatado de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país, que culminan en una cifra de más de 132,000 desaparecidos.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, afirmó que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”. El CED citó como prueba de la gravedad el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la mayoría sin identificar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED y calificó el informe como tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y aseguraron que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
El gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019 y con reformas clave en julio de 2025. Las autoridades señalaron que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos y lamentaron que el comité rechazara revisar la información actualizada presentada el 27 de marzo. México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que “no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año”.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”, dijo Corcuera, quien añadió que la reacción gubernamental “es una muy mala señal”. El exfuncionario explicó que la definición de desaparición forzada utilizada por el CED es un estándar consolidado en el derecho internacional.
El CED señaló la falta de una mejora sustancial desde su visita en 2021 y agregó que las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis. El comité indicó que muchas desapariciones se producen en el contexto de la guerra contra las drogas a nivel nacional y advirtió que en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.
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