Mazapil, 09 de abril de 2026.- Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) determinó que en la mina Camino Rojo existió una grave denegación de los derechos laborales, particularmente en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
La resolución, emitida el 26 de marzo de 2026, señala que la mina, operada por la empresa canadiense Orla Mining, productora de oro y plata, fue escenario de un patrón sistemático de intervención empresarial en la vida sindical. El panel documentó que la compañía promovió activamente la negación de derechos al favorecer a un sindicato distinto del elegido por los trabajadores.
Según el dictamen, el sindicato elegido por la plantilla es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. El organismo internacional destacó que los principios de libertad sindical actúan como condición para brindar dignidad y justicia en los espacios de trabajo.
El panel enfatizó que la empresa no fue un actor pasivo en el conflicto. En su resolución, los integrantes del mecanismo indicaron textualmente: “la empresa no fue un actor pasivo: por el contrario, promovió activamente la negación de derechos al favorecer a un sindicato distinto del elegido por las y los trabajadores”.
Además de la interferencia sindical, la investigación del panel reveló que la empresa tenía contactos y conocimiento sobre la presencia de la delincuencia organizada en la región. El caso se remonta a junio de 2024, cuando el Sindicato Nacional de Mineros presentó una queja ante las autoridades estadunidenses que detonó este proceso de revisión.
Este fallo ocurre en un contexto crítico para el tratado comercial, ya que el 18 de marzo de 2026 inició la revisión formal entre representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, proceso que arrancará oficialmente el 1 de julio de 2026. El T-MEC, vigente desde julio de 2020, define en 2026 su ratificación, transformación o eventual cancelación, con la posibilidad de extenderse hasta 2042 o mantener revisiones anuales hasta 2036.
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