Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional electoral, denominada ‘Plan B’, que busca modificar reglas a menos de un año y medio de los comicios de 2027, lo que ha generado fuertes críticas de la oposición y expertos. El paquete, que aún no ha sido presentado formalmente al Congreso, propone cambios en el uso de tiempos oficiales, la reducción del número de partidos políticos y la implementación de la revocación de mandato, según ha trascendido de las discusiones preliminares en el Senado. La oposición, integrada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, acusa a la mandataria de buscar una ventaja gubernamental de cara a la renovación de 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de cargos locales, mientras que Morena y sus aliados lo defienden como una medida democrática.
La iniciativa se discute en un contexto político donde Sheinbaum mantiene una popularidad cercana al 70 por ciento, según diversas encuestas, y donde la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también ocupa la agenda. Sin embargo, la falta de un texto público completo ha generado especulaciones y desconfianza. La principal controversia gira en torno a la posibilidad de que el gobierno pueda utilizar tiempos oficiales en radio y televisión con fines de campaña, algo que la oposición califica como una práctica autoritaria que rompe con la equidad en la contienda.
El ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha sido una de las voces más críticas, señalando que cualquier reforma que debilite la autonomía de los órganos electorales y permita la injerencia del gobierno en periodo electoral representa un riesgo para la democracia. “La historia reciente nos ha enseñado que los cambios electorales hechos a modo y a destiempo suelen servir a intereses particulares, no al interés público”, declaró en análisis difundidos este miércoles.
Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que la iniciativa busca crear una “hegemonía total” de Morena, afectando la autonomía municipal y la pluralidad. “No vamos a permitir que desde Los Pinos se quiera cambiar las reglas para perpetuarse en el poder. Esto es un ataque frontal a la división de poderes y al federalismo”, afirmó. Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, coincidió en calificar la propuesta como un “retroceso autoritario” y llamó a una alianza opositora para frenarla en el Congreso.
Desde el gobierno, la narrativa oficial insiste en que la reforma busca fortalecer la democracia participativa, incluyendo mecanismos como la revocación de mandato, y hacer más eficiente el sistema de partidos reduciendo su número. Hasta el momento, los aliados tradicionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), no han emitido una postura oficial detallada, aunque se espera que respalden la iniciativa tras las negociaciones internas.
El debate se intensificará en las próximas semanas, cuando se espera que la iniciativa sea formalmente presentada y turnada a comisiones del Senado. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la batalla por la reforma electoral se perfila como uno de los principales frentes políticos del año, definiendo no solo las reglas del juego, sino el equilibrio de poder en México para el resto del sexenio.
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