Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Al menos 47 menores de edad fueron víctimas de muertes violentas en México durante el primer trimestre de 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este dato se dio a conocer en un contexto de movilización social en la capital del país, donde aproximadamente 2,000 personas se congregaron bajo la campaña ‘Con nuestros niños no’ para exigir justicia por casos emblemáticos como el de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años en Sinaloa, y Eitan Daniel, niño desaparecido en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La protesta, impulsada por colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas, puso énfasis en la detención de cinco personas vinculadas al caso de Eitan Daniel, entre ellas su propia madre. Los manifestantes demandaron acciones concretas de las autoridades federales y estatales ante el incremento de la violencia que afecta directamente a la población infantil en entidades como Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato.
Medios digitales como debate.com.mx han reportado la concatenación de estos hechos, señalando que los casos recientes funcionan como símbolos de un reclamo social más amplio. La información disponible indica que la movilización en la Ciudad de México buscó visibilizar la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones sobre desapariciones y homicidios de menores, aunque no se especificaron detalles operativos adicionales sobre el desarrollo de la marcha más allá del número de asistentes y el lema de la campaña.
En el estado de Guanajuato, la situación se agrava con hallazgos forenses en municipios como Villagrán y Mexicanos, donde se han localizado restos humanos en pozos de riego. Sin embargo, la investigación actual no detalla la fecha exacta de estos descubrimientos ni la cantidad específica de osamentas recuperadas, datos que permanecen bajo reserva o en proceso de validación por parte de las fiscalías locales.
Las cifras del SESNSP reflejan una tendencia alarmante en los primeros tres meses del año, colocando a la seguridad de la infancia como un punto crítico en la agenda nacional. A pesar de la cobertura mediática de diversos outlets y la presión de los colectivos, aún faltan confirmaciones oficiales que vinculen explícitamente los hallazgos en Guanajuato con grupos del crimen organizado, así como declaraciones directas de altos funcionarios sobre las estrategias inmediatas para frenar esta ola de violencia.
La sociedad civil mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las promesas de justicia, especialmente en los casos donde existen detenidos pero persisten dudas sobre la autoría intelectual y las redes de protección que pudieron facilitar los crímenes. La expectativa es que las instituciones de seguridad pública desglosen las estadísticas por entidad federativa y presenten planes de acción diferenciados para las zonas con mayor incidencia delictiva contra menores.
About The Author
