Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente propuesta del gobierno mexicano de fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) busca crear un nuevo organismo que mantenga ciertos acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en lo que respecta a la independencia regulatoria.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la necesidad de un regulador con independencia técnica, lo que es crucial para cumplir con las exigencias del T-MEC.
La COFECE se encarga de promover la competencia y prevenir prácticas monopólicas, mientras que el IFT regula las telecomunicaciones y la radiodifusión. La creación de un nuevo ente, que podría ser denominado Comisión Federal de Competencia (Cofeco), busca simplificar la estructura reguladora, pero también plantea preocupaciones sobre su autonomía real. Expertos advierten que esta fusión podría comprometer la independencia necesaria para garantizar una regulación efectiva en sectores críticos como las telecomunicaciones.
El T-MEC establece claramente que cada país debe asegurar la independencia de su regulador de telecomunicaciones, lo cual se vuelve un punto clave en esta discusión. La propuesta de fusión podría interpretarse como un debilitamiento de las instituciones autónomas creadas en 2013, lo que podría llevar a una violación del tratado si no se maneja con cuidado. La preocupación radica en que un regulador dependiente del gobierno podría estar sujeto a presiones políticas, afectando así su capacidad para actuar en beneficio del mercado y los consumidores.
Desde su creación, el IFT ha sido fundamental para fomentar la competencia en el sector de telecomunicaciones, contribuyendo a la expansión de redes y a la reducción de precios. La eliminación o subordinación de estos organismos autónomos podría revertir los avances logrados desde la reforma de 2013, generando incertidumbre en un sector que ya enfrenta desafíos significativos, como la implementación del 5G. La propuesta también afecta directamente a los empleados del IFT, quienes podrían verse afectados por esta reestructuración.
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