Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Las autoridades rusas comenzaron a bloquear el servicio de mensajería Telegram en su territorio, causando fallas masivas que generaron más de 2,500 quejas de usuarios en un solo día. La medida, que afecta a una audiencia estimada de 100 millones de personas en el país, se produce tras la exigencia judicial de localizar servidores con datos de usuarios y acusaciones de que la plataforma facilita actividades delictivas.
Según reportes del diario Kommersant, citados por medios locales, solo esta mañana usuarios de ciudades como Moscú y San Petersburgo reportaron problemas graves para acceder al servicio. El bloqueo ocurre después de que la Duma, la cámara de diputados rusa, advirtiera la semana pasada que Telegram dejaría de funcionar pronto incluso con el uso de redes privadas virtuales (VPN).
El conflicto tiene su origen en una orden de la justicia rusa, que exige a Telegram que localice los servidores donde guarda la información de sus usuarios. Las autoridades acusan al servicio de ofrecer una plataforma para estafadores y personas que buscan cometer distintos delitos, argumentando la necesidad de supervisión y acceso a los datos.
En respuesta, el fundador y dueño de Telegram, Pável Dúrov, aseguró que las autoridades rusas buscan censurar la libertad de expresión en el país. Dúrov, quien ha mantenido una postura firme en defensa de la privacidad de los usuarios, denuncia que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio por controlar la información digital.
Este bloqueo se enmarca en una escalada de restricciones a aplicaciones de mensajería en Rusia. La ralentización de Telegram comenzó en febrero de 2026 y siguió al bloqueo de WhatsApp, que antes era el servicio más popular en el país. La estrategia refleja la tensión constante entre el gobierno ruso y las grandes plataformas tecnológicas globales sobre temas de soberanía digital, seguridad y control de la información.
El futuro de Telegram en Rusia parece incierto. Mientras las autoridades insisten en sus exigencias de acceso a datos, la empresa se resiste a cumplirlas, alegando principios de privacidad. La situación pone de relieve el dilema global entre la lucha contra el crimen digital y la protección de las libertades civiles en el espacio en línea, un debate que se intensifica en regímenes con un estricto control sobre los medios de comunicación.
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