Ciudad De México, 14 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dentro de la controversia constitucional promovida por el Poder Ejecutivo estatal contra el juicio político que enfrenta ante el Congreso local. La resolución, notificada el 13 de julio y publicada en la Lista Extraordinaria de Notificaciones relacionada con la controversia constitucional 386/2026, establece una medida cautelar para proteger al mandatario.
De acuerdo con la SCJN, la suspensión tiene como efecto que “sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional”. El alto tribunal argumentó que, de no otorgarse esta medida, “podría generarse una afectación de difícil reparación” en caso de que posteriormente se declarara fundada la controversia, pues “el tiempo de no ejercicio del cargo de elección popular no es recuperable”.
La Corte fue enfática al señalar que “los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento respectivo, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función”. Con esto, el Congreso de Nuevo León podrá continuar con las etapas procesales correspondientes, pero no podrá ejecutar la separación o inhabilitación del gobernador mientras se resuelve el fondo del asunto.
Además, la SCJN indicó que “con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”. Esta decisión sigue a una suspensión provisional concedida anteriormente por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León para detener temporalmente la vía.
El proceso de juicio político se originó a partir de una denuncia promovida por Morena, en la que se señalan presuntas violaciones constitucionales, irregularidades en el procedimiento y un supuesto desvío o triangulación de recursos públicos. Frente a esto, el gobierno estatal ha sostenido que el expediente utilizado para sustentar el juicio político carece de pruebas suficientes y que únicamente contiene la identificación oficial de la persona denunciante, así como recortes y notas periodísticas. La controversia constitucional fue presentada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León en contra del procedimiento iniciado por la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
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