Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México informó que actualmente no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares, como Uber. Esta declaración surge tras el anuncio público de una alianza entre Uber México y la organización MX Taxi, la cual habilitaría la solicitud de unidades concesionadas directamente desde la aplicación móvil.
Félix Olmo, director general de Uber México, anunció la colaboración con taxistas concesionados de MX Taxi como una medida para responder a la demanda de transporte esperada durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Según lo informado por medios especializados, el acuerdo se concretó tras dos años de trabajo entre la plataforma tecnológica y el gremio de taxistas, permitiendo a los usuarios solicitar estos servicios bajo un modelo donde los conductores mantienen su carácter de transporte público regulado.
En contraste con el anuncio empresarial, la Semovi emitió un comunicado oficial en el que refuerza que dicha integración no cuenta con autorización vigente. La dependencia gubernamental estableció que aplicará las sanciones correspondientes por incumplimiento normativo, las cuales pueden incluir multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes operen fuera del marco legal establecido.
La contradicción entre la operación anunciada por las empresas privadas y la postura de la autoridad local plantea un escenario de incertidumbre jurídica para el servicio. Mientras Uber y MX Taxi presentan la tecnología como un puente para modernizar la oferta de movilidad ante el evento deportivo internacional, la autoridad capitalina mantiene que la supervisión se endurecerá para garantizar el apego a las leyes de transporte existentes.
Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta formal pública por parte de Uber o MX Taxi ante la advertencia emitida por la Semovi sobre la falta de validez normativa del convenio. La situación deja en pausa la implementación plena del servicio integrado, sujetando su futuro a la definición de un marco regulatorio que la propia secretaría reconoce como inexistente al día de hoy.
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