Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, excluyendo la modificación al artículo 35 constitucional que pretendía adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027. La decisión legislativa se centró en la aprobación de cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, enfocados en la contención del gasto público en congresos locales, ayuntamientos y el propio Senado, así como en las remuneraciones de funcionarios electorales.
La exclusión de la pieza clave de la propuesta original, referente al mecanismo de revocación, marca un distanciamiento respecto a la iniciativa presentada inicialmente por el Ejecutivo federal. Mientras que la reforma aprobada busca establecer ahorros presupuestales y reducir privilegios en distintas instancias de gobierno, la posibilidad de modificar el marco legal para realizar la consulta ciudadana en 2027 fue descartada del dictamen final sometido a votación en la Cámara alta.
En el contexto de la discusión sobre los costos operativos, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó datos sobre el pago de horas extras a su personal, concepto conocido como ‘bono electoral’. Según información expuesta por el organismo, en los tres últimos procesos comiciales se erogaron 2,419 millones de pesos bajo este concepto: 449.2 millones de pesos en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral de 2024 y mil 5 millones en 2025 para la elección del Poder Judicial.
Ante la propuesta de eliminar dicho bono, el INE argumentó que esta medida podría resultar más costosa para las finanzas públicas debido al incremento en el pago de horas extras. Martín Faz, consejero del INE, señaló que aunque la exclusión de la revocación de mandato en los comicios de 2027 es un punto positivo, persiste una complejidad operativa significativa para organizar la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha, lo que obligará a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal.
Tras la aprobación en el Senado, el dictamen con las modificaciones constitucionales avaladas será turnado a la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo. La reforma, que limita su alcance a aspectos presupuestales y de estructura local sin tocar la figura de la revocación de mandato anticipada, representa el cierre de este episodio legislativo en la primera mitad del sexenio actual.
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