Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el envío al Congreso de un Plan B de reforma electoral que busca recortar presupuestos de congresos locales y reducir el número de regidores municipales, con el objetivo de reorientar aproximadamente 4,000 millones de pesos hacia obra pública en estados y municipios. La iniciativa, que será presentada formalmente este martes 17 de marzo, surge tras el rechazo el 11 de marzo de una propuesta más amplia que incluso aliados de Morena como el PT y PVEM habían votado en contra.
Sheinbaum explicó desde Palacio Nacional que los recursos ahorrados con estas medidas serán etiquetados específicamente para infraestructura pública, aunque no detalló el mecanismo legal para garantizar este destino. La mandataria señaló que, si bien esta propuesta no incluye la reducción de privilegios a partidos políticos que originalmente buscaba, mantendrá ese objetivo en la agenda.
El acuerdo con el PT y PVEM para respaldar este Plan B se concretó durante el fin de semana previo al anuncio. Análisis editoriales sugieren que los partidos aliados rechazaron la iniciativa anterior por temor a la creación de un partido hegemónico y posibles riesgos a su registro, tras un preacuerdo que incluía reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes.
Según cifras citadas en reportes periodísticos, el costo por legislador varía significativamente entre entidades, con ejemplos como Baja California donde cada diputado local cuesta 34.8 millones de pesos anuales, frente a Colima donde el costo es de 5.1 millones. La reforma se enfoca en estos niveles subnacionales, dejando temporalmente de lado cambios controversiales a instituciones federales como el INE y el Tribunal Electoral.
Críticas desde sectores editoriales caracterizan la medida como una carga de austeridad para estados y municipios que vulnera el federalismo, mientras salva a instituciones federales de recortes. La iniciativa llega al Congreso en un contexto de tensiones políticas tras el fracaso del Plan A, y su aprobación dependerá de la cohesión de la coalición gobernante y la respuesta de la oposición.
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