Fotografía cedida por la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) del ciudadano venezolano Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, quien fue deportado el año pasado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y demandó a Estados Unidos por 1,3 millones de dólares alegando daños y perjuicios, lo que lo convierte en el primer venezolano deportado a un tercer país en reclamar una indemnización. EFE/LULAC
Ciudad De México, 29 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este 27 de marzo el fallecimiento de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, con lo que ascienden a 14 los casos de connacionales muertos en instalaciones de dicha agencia desde el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump. La identidad del fallecido no fue revelada y la causa de la muerte permanece sin esclarecer, según informó la dependencia en un comunicado oficial.
El deceso se registró durante la noche del 25 de marzo de 2026. La víctima fue trasladada a un hospital en Victorville, California, donde perdió la vida, sin que las autoridades migratorias estadounidenses precisaran las circunstancias del traslado. El Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato el protocolo consular para establecer contacto con los familiares del finado, manteniendo seguimiento al caso ante la falta de detalles sobre lo ocurrido dentro del centro de detención.
En el ámbito político, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, específicamente a la ampliación del muro fronterizo impulsada mediante el programa One Big Beautiful Bill. Durante la mañanera del 25 de marzo, la mandataria señaló que la migración obedece a causas estructurales y afirmó que existen mecanismos más efectivos para reducirla, como la cooperación para el desarrollo y el bienestar de las personas, reiterando que México prefiere tender puentes y no muros.
La crisis migratoria también impacta a poblaciones vulnerables como indígenas y afromexicanos. Datos de la SRE indican que más de 491 mil indígenas y 63 mil afromexicanos viven actualmente en Estados Unidos, enfrentando barreras lingüísticas que complican su defensa legal y el ejercicio del debido proceso. Esta realidad se agrava en centros de detención polémicos como Alligator Alcatraz en Florida, donde la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó recientemente al ICE permitir el acceso de abogados a los migrantes detenidos, tras denuncias de violaciones al debido proceso presentadas por organizaciones civiles.
Paralelamente, la administración de Trump implementó nuevas reglas para visas temporales H-2A que sumarán al menos 150 mil trabajadores agrícolas extranjeros, el 90 por ciento de los cuales son mexicanos. Sin embargo, un reporte del Economic Policy Institute revela que estos cambios metodológicos implican una reducción salarial del 26 al 32 por ciento para los jornaleros, lo que podría generar pérdidas millonarias en ingresos para el sector agrícola y afectar también los salarios de trabajadores estadounidenses.
La tensión legal continúa con casos emblemáticos como el del ciudadano venezolano Neiyerver Adrián León Rengel, quien demandó al gobierno de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares tras ser deportado erróneamente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, alegando daños y perjuicios por la negación sistemática de su derecho al debido proceso. Mientras tanto, la Suprema Corte de Estados Unidos evalúa redefinir el concepto de llegada al país para solicitantes de asilo, un debate que podría restringir aún más el acceso a la protección internacional en la frontera sur.
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