Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B superó este martes 24 de marzo su primer filtro legislativo al ser aprobada en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, con 24 votos a favor y 11 en contra. El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza hacia su discusión en el pleno, donde la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT) durante la votación en comisiones genera incertidumbre sobre la obtención de la mayoría calificada requerida para su constitucionalidad.
La sesión en comisiones contó con el respaldo de los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, los nueve senadores del PT no estuvieron presentes en la votación, manteniendo su resistencia a la iniciativa debido al desacuerdo con la fecha propuesta para la revocación de mandato, la cual está prevista para junio de 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias. Alberto Anaya, líder del PT, ha reiterado que su partido no apoyará el cambio del artículo 35 si no se modifica este punto, argumentando que podría dar una ventaja electoral a la mandataria en turno.
A pesar de la ausencia de sus legisladores en la votación técnica, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, difundió un mensaje afirmando la unidad de la coalición oficialista. No obstante, la aritmética legislativa es compleja: para aprobar la reforma en el pleno se necesitan 86 votos de los 128 integrantes de la cámara. Con 67 senadores de Morena y 14 del PVEM, el oficialismo requiere el apoyo de los 9 legisladores del PT para alcanzar la mayoría de dos terceras partes, sin la cual la iniciativa podría naufragar.
En medio del debate legislativo, surgieron discrepancias al interior del Instituto Nacional Electoral (INE). La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, envió un documento al Senado señalando las dificultades que el Plan B podría representar para el organismo. En respuesta, siete de los 11 consejeros del instituto —incluyendo a Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron una carta de deslinde, asegurando que dicho documento no fue consensuado y no representa la postura institucional del INE.
Ante el escenario de votación fragmentada, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado la posibilidad de aprobar la reforma por partes, separando los temas de reducción de privilegios —como el tope de gasto para congresos locales y la reducción de regidurías— del cambio en la fecha de la revocación de mandato. La mandataria rechazó que la inclusión de este mecanismo en 2027 tenga fines electorales y acusó a la oposición de rechazar la iniciativa sin argumentos, mientras reconoció que algunos aliados temen un impacto en su votación.
Los presidentes de las comisiones, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, confiaron en que el dictamen no sufrirá más modificaciones técnicas y esperaban que fuera llevado al pleno en la sesión de este miércoles 25 de marzo. La discusión en el pleno marcará el destino definitivo de la reforma, dependiendo de la negociación de última hora con el Partido del Trabajo y la cohesión del bloque del Partido Verde, sobre el cual circulan versiones de posibles disidencias internas.
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