Por Redacción
Ciudad De Washington, 21 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la capital estadounidense una serie de medidas excepcionales para enfrentar la crisis energética global desatada por el cierre del estrecho de Ormuz, incluyendo la autorización para la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que se encontraban varados en el mar y la modificación de la ley Jones para agilizar el transporte de hidrocarburos. La decisión, coordinada con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, busca contener el alza desmedida de los precios, luego de que el barril de crudo superara la marca de los 100 dólares en medio de las tensiones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán.
La situación en Medio Oriente ha provocado interrupciones severas en las cadenas de suministro globales, obligando a la administración Trump a tomar acciones contradictorias con su retórica previa. Aunque el mandatario había declarado anteriormente que no deseaba un alto el fuego y criticaba a los países de la OTAN por su renuencia a abrir el estrecho, simultáneamente ha contemplado reducir gradualmente las operaciones militares contra Irán. Asimismo, mientras cuestionaba a sus aliados sobre la navegación en la zona, afirmó que Estados Unidos prescinde del estrecho de Ormuz, en un intento por proyectar estabilidad en los mercados.
En el contexto de estos enfrentamientos, persisten discrepancias sobre incidentes específicos en la región. Reportes indican un ataque a una planta desalinizadora en Qeshm ocurrido el 7 de marzo, el cual Irán atribuyó directamente a fuerzas estadounidenses, aunque el ejército de Estados Unidos negó cualquier participación en dicho evento. A pesar de la falta de claridad sobre los cinco objetivos militares específicos mencionados por Trump y la confirmación oficial de otros ataques en la zona como el reportado en Baréin, la prioridad inmediata de Washington es evitar que el costo del galón de gasolina, que ya oscila entre 3.8 y 4.2 dólares, continúe escalando.
El impacto de esta volatilidad energética ha llegado a México, donde el secretario de Hacienda, Édgar Amador, confirmó la implementación de subsidios fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para amortiguar el golpe en los combustibles. Mientras el gobierno federal mantiene una estimación de impacto económico neutral gracias a estas medidas de contención, analistas financieros alertan sobre la presión inflacionaria que podría ejercer el escenario internacional si la duración del conflicto se extiende más de lo previsto.
Por su parte, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, monitorea de cerca la evolución de las divisas y los mercados financieros locales ante la incertidumbre geopolítica. Las autoridades mexicanas buscan equilibrar la estabilidad macroeconómica mientras dependen de las resoluciones que tome el Departamento del Tesoro de EE.UU. respecto al flujo de petróleo autorizado, cuyo origen exacto en alta mar y detalles logísticos de distribución aún no han sido especificados completamente por las fuentes oficiales.
About The Author
