Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada el 19 de marzo en la Ciudad de México. La magistrada dictó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien quedará recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras se define la situación legal de la segunda involucrada.
La decisión judicial se produce en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos probatorios que han surgido en la indagatoria se encuentra la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que son objeto de escrutinio por parte de las autoridades federales.
Existen discrepancias en la información pública respecto a los delitos específicos por los cuales se vincula a las exfuncionarias. Mientras algunas fuentes señalan que se trata de delitos contra la salud, otras indican que la imputación incluye la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. La investigación mantiene un plazo de dos meses para profundizar en los hechos y determinar la participación exacta de las acusadas.
Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien ocupó un cargo clave en la procuración de justicia guerrerense durante el periodo en que ocurrieron los hechos, deberá enfrentar el proceso penal desde el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar de prisión preventiva fue ordenada de manera oficiosa por la jueza García Peralta, conforme a la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de obstaculización de la justicia.
El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los expedientes más complejos y sensibles para el sistema de justicia mexicano, con investigaciones que han abarcado a diversos niveles de gobierno y seguridad. La vinculación a proceso de estas exfuncionarias marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia para los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, cuya causa ha movilizado a la sociedad durante más de una década.
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