Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato de 4,500 millones de pesos con la empresa Next Energy. La decisión judicial se emitió tras una audiencia que inició el 23 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 24 de marzo, donde la Fiscalía General del Estado presentó elementos que derivaron en la apertura de un proceso penal en contra del exmandatario.
El caso se centra en un acuerdo plurianual firmado para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, destinada a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos de la investigación, el contrato contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, con un plazo de vigencia de 30 años. La planta, objeto del litigio, nunca llegó a construirse.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, cuestionó la imputación del delito de uso ilícito de facultades. Los defensores argumentaron que los pagos realizados a la empresa, específicamente entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, ocurrieron después de que Bonilla concluyó su administración en octubre de 2021. Asimismo, sostuvieron que la naturaleza del proyecto correspondía a un contrato de adquisición de servicio y no a una adquisición de crédito fiscal, lo cual, según su postura, exime de responsabilidad penal al exgobernador bajo la figura jurídica acusada.
La Fiscalía mantuvo la acusación que derivó en la vinculación a proceso, estableciendo un plazo de seis meses para la investigación formal. Esta resolución judicial sitúa a Jaime Bonilla como el primer exgobernador surgido de las filas de Morena en ser acusado abiertamente de corrupción, marcando un precedente en el contexto político del estado fronterizo.
El proceso judicial se desarrolla en un escenario de tensión política entre el exgobernador, quien actualmente funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, perteneciente a Morena. La controversia sobre el contrato de Next Energy ha pasado de ser un tema administrativo a convertirse en un asunto de justicia penal que será investigado en los próximos meses por las autoridades de Baja California.
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