Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez del Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California vinculó a proceso al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La decisión judicial, emitida la mañana de este martes, establece que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un juicio penal en calidad de coautor con dolo, relacionado con la contratación de la empresa Next Energy para un proyecto de energía fotovoltaica que no se concretó.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa a Bonilla de haber autorizado un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años, mediante el cual se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la empresa contratista. Según la investigación, la obra nunca fue construida y el gobierno estatal no obtuvo los permisos necesarios para su ejecución, lo que derivó en la imputación de desvío de recursos y abuso de funciones durante su administración (2019-2021).
La audiencia de vinculación a proceso inició el 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió por casi 24 horas. Durante la comparecencia, la defensa legal de Bonilla, integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para desestimar la imputación, cuestionando la competencia de la autoridad y sosteniendo que los pagos se realizaron en un periodo posterior a la conclusión del mandato del exgobernador. No obstante, el juez Gerardo Anguiano Ceja consideró verosímiles las pruebas aportadas por la fiscalía para dar continuidad al proceso.
Tras la resolución, Jaime Bonilla declaró que no le sorprendía el resultado y atribuyó el caso a un trasfondo político, mencionando conflictos con la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. El exmandatario, quien gobernó bajo la bandera de Morena pero actualmente es dirigente del Partido del Trabajo (PT), había logrado aplazar anteriormente su encuentro con la justicia debido a su fuero legislativo como senador, protección que perdió en 2024.
El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria antes de dictar sentencia. Este caso marca un precedente al convertirse Bonilla en el primer exgobernador surgido de Morena acusado abiertamente de corrupción por el oficialismo, en medio de una disputa política con la administración estatal actual. La audiencia continuará para determinar las medidas cautelares específicas que se impongan al implicado.
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